La “Ley Mordaza” de España ¿precedente para Latinoamérica?

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Por: Lorena Mena Iturralde *

El pasado 1 de julio de 2015, las portadas de los principales diarios de España, dieron cuenta de la entrada en vigor de una normativa que se venía tramitando desde 2013 y se volvió realidad en el país ibérico: la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”, porque su contenido incluye sanciones sobre actos públicos que para muchos españoles implican coartar su libertad de expresión y de movilización, o una especie de “terrorismo estatal”.

Según el texto, aupado por el Partido Popular (PP), cabeza del gobierno de España, se considera una infracción manifestarse frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autónomos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento; fotografiar a policías y difundir sin autorización sus imágenes y datos personales y profesionales; parar desahucios (desalojos de casas y departamento por deudas de hipotecas, tan comunes en la crisis que vive España); además que se otorga a la policía la capacidad de multar a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares públicos una vez que lo ordene “la autoridad competente”, y se criminaliza “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”.

El argumento del Ministerio del Interior de España es que esta ley no coarta libertades, sino que al contrario, garantiza los derechos de la mayoría de personas frente a quienes pueden provocar actos violentos en las manifestaciones. Pero distintas organizaciones, activistas, e incluso medios de comunicación, anticipan que otros derechos fundamentales como son la libertad de informar, de denunciar abusos policiales y la resistencia pacífica estarán sometidas a la discrecionalidad de la autoridad, lo que puede conllevar a otros abusos. La preocupación también ha alcanzado a los usuarios de redes sociales, pues internet se ha convertido en un instrumento útil para difundir grabaciones e imágenes que han servido de prueba para condenar abusos de autoridad, aunque su veracidad es cuestionable, en relación con el rigor profesional que procura el buen periodismo (aquel que se practica con responsabilidad, pues tristemente también existe su antítesis).

¿Qué escenario pinta el ejemplo español en nuestras realidades latinoamericanas? No es nuevo que en países como México ha habido intentos por “regular” de algún modo las prácticas comunicativas. En Sinaloa, existió una Ley Mordaza dirigida a los medios de información que establecía que el acceso a investigaciones en temas de justicia sería solo a través de boletines de prensa emitidos por el gobierno estatal, ante lo cual, se prohibía tomar audios, videos o fotografías a las personas involucradas en actos delictivos, y acceder a información relacionada con seguridad pública y procuración de justicia. Fue derogada en agosto de 2014, ante las protestas del gremio periodístico. Por otro lado, a fines del mismo año, y en medio de protestas por el caso Ayotzinapa, se hicieron reformas a dos artículos constitucionales en San Lázaro, bajo el pretexto de garantizar la libre movilidad de los ciudadanos y el derecho de todos al uso del espacio público, lo que para algunos analistas, implica leyes secundarias que podrían ser utilizadas para inhibir el derecho de la libre manifestación y expresión de los ciudadanos mexicanos, de ahí su apodo de “Ley Antimarchas”.

En contextos como el de Ecuador, la Ley de Comunicación, vigente desde 2013, ha sido catalogada recientemente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Human Rights como “la peor Ley Mordaza de América”, pues entre otros aspectos, permite al Gobierno establecer la información que aparece en los medios y cómo la publican, so pena de multas cuando no se hacen rectificaciones “a la carta”. Así, en dos años, 198 medios de comunicación han sido sancionados, en su mayoría por quejas de autoridades y funcionarios gubernamentales respecto a contenidos informativos y de entretenimiento.

El caso de España, como puede verse, no es precedente para nuestros contextos, sino que más bien se suma a estas tendencias de los gobiernos por ejercer control sobre algo tan fluido e incontenible como es la comunicación y la libre expresión.

Lorena Mena
Lorena Mena

* La autora es estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de El Colef, comunicadora social egresada de la UCSG (Guayaquil, Ecuador), y Vicepresidenta del el Colegio de Comunicólogos de Baja California, ColcomBC.

Correo: lorenilla.mena820@gmail.com

Twitter@loremiau

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