Agresiones a periodistas, agresiones a la sociedad entera

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Por Feliciano Castro Loya *

Artículo publicado en Uniradio Informa

México es uno de los países más peligrosos de América Latina para ejercer el periodismo. Lo dicen mediciones de organismos internacionales y, lamentablemente, lo confirman cada año nuevas desapariciones y asesinatos de reporteros. No es posible hablar de un Estado de Derecho si en él persisten comunidades enteras prácticamente “silenciadas”, ya sea por el accionar de grupos delincuenciales o de quienes sustentan el poder económico y político.

Tanto para el gremio periodístico, como para la sociedad entera, es urgente la unidad y cerrar filas en un frente común contra la violencia. Las amenazas y agresiones a las que están expuestos los periodistas son la razón principal por la que el país –salvo honrosas excepciones– adolece la falta de un periodismo serio y comprometido.

La libertad y la calidad con la que se ejerce el periodismo en México no sólo está siendo mermada por la inseguridad, sino por la precariedad de los salarios y prestaciones que los periodistas reciben. Esto sin contar que por los intereses económicos de cada empresa periodística, la concepción de la información como un bien público está constantemente amenazada por una visión mercantilista que la ve como un producto cualquiera.

Sin embargo, el periodista ha tenido un papel central en la historia y está más claro que nunca que el periodismo que hacemos hoy tendrá que ver con la sociedad que seremos mañana, de ahí la importancia de construir un efectivo blindaje institucional y social del oficio periodístico.

El extinto periodista y dramaturgo Vicente Leñero escribió que, por su propia dinámica, el periodismo opera como estimulante y no como sedante del cambio social. En este sentido, me parece importante recordar que el asesinato de periodistas y cualquier intimidación o agresión que intente coartar la libertad con la que debe desempeñar su labor, es un agravio no a una persona ni a un medio de comunicación, sino a la sociedad entera.

Las agresiones o amenazas a periodistas y comunicadores los llevan a la abominable autocensura y privan a la sociedad de su derecho a estar informada, lo que desalienta la denuncia y, con ello, acrecienta la impunidad en la que está sumergido el país.

La libertad de expresión es una condición esencial para cualquier sociedad que aspire a ser democrática y es una obligación del Estado mexicano proteger el derecho a la libre información y todas las garantías individuales plasmadas en nuestra Constitución Política.

La escalada de homicidios a periodistas es gravísima y me parece que sus efectos no se están apreciando en su justa dimensión ni por las autoridades ni por la sociedad. Según cifras dadas a conocer por la extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Laura Angelina Borbolla Moreno, de enero de 2000 a junio de 2015 en México se habían cometido 103 homicidios, 104 ya contando el del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril en julio del año pasado.

De acuerdo al periódico La Jornada, de enero de 2000 al 20 de junio de 2015, la Feadle registró además 25 desaparecidos, dos de los cuales fueron localizados, mientras que de los 103 homicidios precisa que 31 ocurrieron en el sexenio de Vicente Fox, 61 en el de Felipe Calderón Hinojosa y 11 en los primeros 30 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Feadle tiene como misión investigar casos de homicidio, desaparición y agresiones contra periodistas en el ámbito de la legislación federal, pero esurgente que la Procuraduría General de la República gire instrucciones precisas a esta Fiscalía o, en su defecto, le asigne mayores recursos humanos y técnicos para que asuma un papel mucho más activo y comprometido con México y sus comunicadores.

Estos homicidios y desapariciones son una herida abierta que este mes de febrero se hizo más profunda con el artero asesinato de Anabel Flores Salazar, reportera del diario El Sol de Orizaba, quien fue privada de su libertad en su propio domicilio por un grupo armado el 8 de febrero y cuyo cadáver, semidesnudo, fue encontrado un día después en Tehuacán, Puebla. El crimen es aún más indignante al enterarnos de que era madre de dos niños, uno de dos años y otro que el día de los hechos tenía escasas dos semanas de haber nacido. En casos como este, me parece, la forma es también fondo.

Como comunicólogo, me solidarizo no solo con la familia de Anabel, sino con las de todas las plumas y voces que ha perdido el gremio periodístico nacional al ser acalladas por la inseguridad e impunidad que impera en muchas regiones del país. Comparto su indignación y me uno a ellas en la exigencia no solo de una justicia pronta y expedita, sino de mayores garantías para el ejercicio periodístico en México.

Hace menos de un año, el 31 de julio del 2015, en un edificio de apartamentos de la colonia Narvarte, en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México,fueron asesinadas cinco personas, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la activista Nadia Dominique Vera Pérez, integrante del movimiento #YoSoy132, quienes en su momento expresaron públicamente haberse mudado de Veracruz al sentir amenazada su integridad.

Es en verdad alarmante el contexto de violencia que se vive contra los comunicadores en el estado de Veracruz y otras regiones del país, por lo que desde aquí demando de las autoridades de los tres órdenes de gobierno un mayor compromiso en el cumplimiento de sus encomiendas constitucionales, a fin de que cesen las amenazas, agresiones, homicidios y desapariciones en nuestro país.

De acuerdo a la revista Proceso, con Anabel Flores suman ya 17 reporteros veracruzanos asesinados en lo que va del sexenio del gobernador Javier Duarte de Ochoa, pues aunque Armando Saldaña, Rubén Espinosa y Anabel Flores, fueron victimados en ciudades ajenas a Veracruz, trabajaban en esta entidad federativa. Solo un ciego no podría ver que ese estado es hoy una zona caliente que está siendo silenciada por grupos delincuenciales y en la que, con la complicidad o no de las autoridades, ha hecho emerger una suerte de autoritarismo que a todos debería preocuparnos en pleno siglo veintiuno. Estos 17 asesinatos son la forma en la que, abierta y cínicamente, el crimen organizado está diciéndole a la sociedad veracruzana que él autoriza la verdad que la población puede conocer.

En este contexto, es más que evidente que, al igual que el trabajo de los defensores de derechos humanos, el periodismo necesita de políticas públicas integrales que permitan un blindaje institucional y social de los periodistas porque, contrario a lo que quizá piensen los grupos delincuenciales y sus aliados, desapareciendo periodistas no desaparecen las realidades regionales que atentan contra el interés colectivo y sobre las cuales el periodismo deberá ocuparse siempre.

Como comunicólogos, debemos unirnos y exigir el pleno respeto de nuestros derechos constitucionales. México no puede ni debe seguir eligiendo el olvido como forma de superar sus injusticias, especialmente cuando estas son un atentado contra el espíritu de una sociedad que, insisto, aspira a ser democrática.

El periodista es un instrumento esencial para la democratización del país, porque constituye una vía de acceso al conocimiento y un espacio para la libre manifestación de las ideas, por ello es que cada periodista serio y comprometido es una buena noticia y vaya que este país necesita de buenas noticias.

Sobre Feliciano Castro Loya

* El autor es Secretario General del Colegio de Comunicólogos de Baja California, periodista y catedrático universitario.

 

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